La ambición de Panamá como ‘hub’ regional exige actualizar leyes y fortalecer la ética. Activos digitales y el GAFI marcan la urgencia para no perder competitividad
Panamá se encuentra en una encrucijada crítica. La visión de ser el verdadero hub financiero, logístico y de servicios de la región —una aspiración legítima dada su ubicación estratégica y su historia comercial— está siendo frenada por una inercia en la modernización de su marco legal y regulatorio. Si bien la infraestructura física avanza, la estructura que soporta el andamiaje financiero y tecnológico del siglo XXI necesita una revisión profunda y urgente.
Desde la perspectiva del Cumplimiento en el mercado de valores, la desconexión entre la velocidad de la innovación global y la lentitud legislativa panameña es palpable y, lo que es más preocupante, perjudicial para nuestra competitividad. No podemos pretender ser un centro financiero de vanguardia mientras nuestro sistema de leyes aún lucha por conceptualizar y regular la tecnología que impulsa el futuro.
La urgencia tecnológica y la conceptualización de activos digitales
Uno de los ejemplos más claros de este desfase es el tratamiento de los activos digitales y la tecnología blockchain. A nivel global, las jurisdicciones más avanzadas están creando marcos legales que permiten la emisión, custodia y negociación de estos activos con seguridad jurídica, atrayendo inversión y talento.
En Panamá, el panorama es incierto. La falta de una legislación clara y específica sobre la naturaleza legal de los activos digitales (como utility tokens, security tokens y criptomonedas) deja a las empresas y a los inversionistas en un limbo regulatorio. ¿Cómo puede un país aspirar a ser un hub tecnológico y financiero si las finanzas descentralizadas (DeFi) y la tokenización de activos —tendencias que están redefiniendo el mercado de capitales— se enfrentan a un vacío legal o a una aplicación forzada de normativas obsoletas?
Esta ambigüedad no solo resta competitividad frente a hubs rivales que ya han actuado, sino que también dificulta el desarrollo de soluciones locales innovadoras. La regulación debe ser un catalizador, no un freno. Necesitamos leyes que, sin sacrificar la protección del inversionista y la integridad del mercado, permitan la tokenización de bienes raíces, acciones o bonos, abriendo el mercado de capitales a una base de inversionistas más amplia y eficiente.
Fuente: La Estrella de Panamá
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